Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo

VENEZUELA RECHAZA CONDENA DE MUERTE A SAIF GADDAFI POR CARENCIA DE GARANTÍAS PROCESALES

Nueva York 05 de noviembre de 2015.- Ante una sesión del Consejo de seguridad de Naciones Unidas realizada este jueves, el representante permanente de Venezuela ante este organismo, Rafael Ramírez, rechazó la decisión del tribunal de Trípoli de condenar a muerte Saif Gaddafi, hijo del líder libio Muamar Gaddafi.
"Venezuela rechaza la decisión del Tribunal de Trípoli de Azzise, de julio pasado, de condenar de pena capital, en ausencia, a Saif Gaddafi, así como a Abdullah Al Senussi y otros ciudadanos libios, por considerar que no hay garantías procesales para asegurar un juicio justo", enfatizó Ramírez.
En esta sesión del Consejo de Seguridad participó Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), a quien le correspondió realizar la presentación del décimo informe sobre la investigación relativa a la situación en Libia.
El embajador Ramírez señaló la importancia de cooperación de los Estados, organizaciones regionales e internacionales con la Corte Penal Internacional para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 1970, la cual establece la entrega inmediata de Saif Gaddafi a la CPI para su enjuiciamiento.
El diplomático venezolano destacó que en Libia existe un colapso institucional ocasionado por la intervención militar de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el año 2011, que sin duda afecta el sistema judicial de la referida nación.
"Libia es un país que se encuentra sumergido en un profundo caos y violencia generalizada, lo que ha sido aprovechado por los terroristas del ISIS, Al Qaeda y Ansar Al Shariak para expandir su agenda criminal por todo el país y las naciones vecinas".
Ramírez señaló que Venezuela reafirma la importancia de la Corte Penal Internacional, sin embargo, refirió que en algunos casos se ha evidenciado celeridad en los procesos por motivaciones políticas, lo cual evidencia la parcialización en ciertos, temas en los que debería pronunciarse la comunidad internacional.
"La politización tiene un efecto negativo sobre el papel dela Corte Penal Internacional, pues esta podría ver afectada su autonomía, su independencia, su objetividad e imparcialidad, principios estos que deben regir el ejercicio de sus responsabilidades", aseveró.
El representante de Venezuela ante Naciones Unidas reiteró la necesidad de garantizar un dialogo incluyente para el establecimiento de un Gobierno de Unidad Nacional que permita la construcción de un Estado sólido en todos los ámbitos e instituciones, que garantice la promoción y el respeto por los Derechos Humanos.
A continuación el discurso íntegro del representante permanente de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, en la reunión del Consejo de Seguridad con la Corte Penal Internacional para abordar la situación en Libia:
Señor Presidente:
Nuestra delegación felicita a la delegación de España por su excelente conducción en la presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de Noviembre y ofrece todo el apoyo al Reino Unido durante su presidencia.
La República Bolivariana de Venezuela agradece a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, por la presentación de; Decimo informe sobre la investigación relativa a la situación en Libia, de conformidad con la resolución 1970 (2011).
Venezuela reafirma su apoyo al papel de la Corte Penal Internacional en el fortalecimiento del estado de derecho a nivel internacional para juzgar a los responsables de la comisión de violaciones flagrantes a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en consonancia con las disposiciones del Estatuto de Roma.
En su calidad de Estado Parte de la Corte Penal Internacional desde el año 2002, nuestro país defiende el fortalecimiento de su institucionalidad y la eficacia de su funcionamiento. En tal sentido, exhortamos a aquellos países que no son partes del Estatuto de Roma a que se adhieran a dicho instrumento con el objeto de lograr su universalización.
Para Venezuela, la cooperación es un aspecto esencial en la realización de los objetivos de la Corte, y esta requiere del compromiso de los Estados para implementar sus decisiones y el apoyo de su trabajo. El fortalecimiento de del sistema judicial penal internacional establecido con la Corte Penal Internacional, exige que los Estados partes se abstengan de medidas que debiliten sus importantes funciones en el combate a la impunidad.
Al tiempo de reafirmar la importancia de la CPI, nos preocupa, sin embargo, la celeridad que se le ha dado a algunos casos en el pasado por motivaciones políticas, así como la intervención de; Consejo de Seguridad en la remisión de asuntos cuya jurisdicción pertenece a la Corte Penal Internacional, tal como sucedió con Libia, lo cual evidencia la parcialización de las decisiones sobre las que debería actuar la comunidad internacional.
La politización tiene un efecto negativo sobre el papel de la Corte Penal Internacional, pues esta podría ver afectada su autonomía, su independencia, su objetividad e imparcialidad, principios estos que deben regir el ejercicio de sus responsabilidades. En estos temas no puede haber doble rasero, de modo que los casos de la Corte Penal Internacional deben ser resueltos dentro de la estructura institucional de la Corte, con la participación de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma y no fuera de ella.
La situación de inestabilidad política resultante del colapso institucional del Estado libio provocada por la intervención militar de países de la OTAN en el 2011, ha afectado severamente el estado de derecho de esa nación árabe, en particular, su sistema judicial. La ausencia de instituciones y el enfrentamiento entre facciones que se disputan el control del país dificultan el funcionamiento del Estado.
Frente a esta situación, no puede hablarse en Libia de la existencia de un sistema judicial que garantice el debido proceso y los derechos humanos de personas presuntamente responsables de la comisión de actos ilegales. Libia es un país que se encuentra sumergido en un profundo caos y violencia generalizada, lo que ha sido aprovechado por los terroristas del ISIS, Al Qaeda y Ansar Al Shariah para expandir su agenda criminal por todo el país y las naciones vecinas. Las ejecuciones sumarias, evidencias de tortura a integrantes de la familia de Gaddafi, como el caso de Saadi Gaddafi, y exmiembros del gobierno del presidente Muammar Gaddafi en el marco de una política de ensañamiento de carácter revanchista en clara violación del estado de derecho; desapariciones y persecución de defensores de derechos humanos son expresiones manifiestas de las continuas violaciones de los derechos humanos que se registran a diario en ese Estado en detrimento de sus ciudadanos, por lo que mal podría pensarse en la existencia de un estado de derecho capaz de garantizar el debido proceso a quienes se encuentran procesados por distintos delitos.
De allí que Venezuela rechaza la decisión del Tribunal de Tripoli de Azzise, de julio pasado, de condenar a pena capital, en ausencia, a Saif Gaddafi, así como a Abdullah Al Senussi y otros ciudadanos libios, por considerar que no hay garantías procesales para asegurar un juicio justo. Este veredicto ha sido rechazado a nivel internacional por diversas organizaciones, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Por tal razón, hacemos un llamado a las autoridades libias a cooperar con la Corte Penal Internacional, a objeto de transferir a Saif Gaddafi a La Haya para que sea juzgado en el marco del debido proceso con el pleno respeto a sus derechos humanos. Libia debe asegurar la implementación de la resolución 1970 (2011), facilitando la transferencia de Saif Gaddafi a la CPI.
El párrafo 5 de la resolución 1970, urge a Libia y a los Estados y organizaciones regionales e internacionales a la completa cooperación con la Corte Penal Internacional y el Fiscal, ratificado por las resoluciones 2174 y 2213 en las que se reitera la obligación de Libia a dar cumplimiento la completa cooperación con la Corte y a entregar a Saif Gaddafi a la inmediata custodia de la Corte Penal Internacional para su enjuiciamiento.
Aun cuando el Representante Especial del Secretario general para Libia, Sr. Bernardino León, ha desplegado esfuerzos importantes en la promoción de un acuerdo, debemos expresar que a la fecha no se ha recuperado la institucionalidad del país no se ha impulsado el nacimiento de otras instituciones, por lo que no podemos hablar de la aplicación de la justicia donde las normas existentes no garantizan al ciudadano la aplicación igualitaria de la ley.
Venezuela reitera que el dialogo político incluyente y el establecimiento de un Gobierno de Unidad Nacional son la base para la construcción de un estado de derecho con instituciones judiciales sólidas, a través de las cuales se garantice la promoción y el respeto de los derechos humanos, incluidos los principios internacionales del debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia como garantías procesales fundamentales.
Para concluir, deseamos reiterar nuestro pleno apoyo a los esfuerzos del representante especial del secretario general, Sr. Bernardino León, extensibles a su sucesor el Sr, Kobler, para alcanzar una solución política y así garantizar que la paz retorne a ese hermano pueblo africano, requisito indispensable para proceder a la construcción de la institucionalidad que fue destruida por la guerra y la intervención extranjera del 2011 y cuyas secuelas se extienden hasta el día de hoy con el saldo lamentable de un país desmembrado y presa de grupos terroristas y una población sedienta de paz y tranquilidad. FIN

Más noticias

Página anterior

Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo

C/Velázquez Moreno Nº3. C.P.: 36201 - Vigo, Pontevedra - Tlfns: (34) 986 434 622